viernes, 21 de octubre de 2011

La inclusión social debe tener en cuenta los derechos reproductivos de las mujeres

Estado laico y democracia van de la mano


Fotografía: Marita Rodríguez

Rocío Muñoz, mujer afrodescendiente y coordinadora del punto focal peruano de la Campaña Interamericana por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, reflexiona sobre la importancia de que el Estado y sociedad del Perú reconozcan el acceso al aborto legal como parte de los derechos reproductivos de las mujeres, los que a su vez son derechos humanos.

- Por qué esta Campaña demanda el protocolo de aborto terapéutico

En principio porque el aborto terapéutico es legal en nuestro país desde 1924 y carecer de un protocolo es desconocer nuestro propio orden legal. De otro lado, contar con este mecanismo  garantizará la vida de las mujeres cuyo embarazo no puede continuar por razones médicas. Consideramos que el protocolo es necesario porque creemos en la importancia de asegurar la vida y la salud de las mujeres.

- Qué implicancia tiene para las mujeres el tener y el carecer de este instrumento

Tener este instrumento puede contribuir a reducir la muerte de mujeres a causa de abortos inseguros, clandestinos y en pésimas condiciones para su salud y su vida.  Aporta además el marco legal para la actuación del personal médico a fin de que sus intervenciones estén resguardadas legalmente y respondan a los mandatos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, no contar con el protocolo significa el aumento alarmante de la muerte de mujeres en su mayoría pobres, indígenas, afrodescendientes,  pues se ven obligadas a culminar un embarazo de riesgo (fetos anencefálicos) en pésimas condiciones.

- Qué valoración a los derechos reproductivos existe en el país y de parte del Estado

Considero que existe la urgente necesidad de entender que los derechos reproductivos son derechos humanos y que el Estado está obligado a garantizarlos,   no solo porque así lo indica nuestra Constitución sino también Convenios y Tratados que el Perú ha suscrito.  En ese sentido, aún hay mucho por hacer para lograr que en nuestro país se valoren y garanticen los derechos reproductivos de las peruanas.

- ¿Confían en que el actual gobierno cumpla con su promesa electorales de aprobar el protocolo?

Creemos que la propuesta electoral de inclusión social demanda del gobierno acciones concretas y efectivas.  En ese sentido, las organizaciones de mujeres demandamos que los compromisos hechos durante la campaña electoral sean fielmente cumplidos por el presidente Humala y su equipo de gobierno, no solo por responder a aquello que motivó el voto de las peruanas, sino por la urgencia de garantizar nuestros derechos y la vida.

-¿Pueden prevalecer presiones de las jerarquías eclesiales? El presidente estuvo cargando las andas del Cristo morado y es público el compromiso con el cardenal de no ingresar al tema del aborto

Apelamos a que prime el Estado laico como garantía fundamental para la democracia y la libertad.  Las políticas públicas en favor de la ciudadanía no deben estar influenciadas ni condicionadas por ningún dogma de fé o creencia religiosa.  Los funcionarios/as del Estado sirven a una nación por lo que sus creencias personales corresponden al orden de lo privado y no a su acción pública.

jueves, 20 de octubre de 2011

Organizaciones de mujeres exigen al gobierno aprobar protocolo de aborto legal


Se cumplen seis años de incumplimiento estatal con dictamen de caso KL
Realizarán plantón frente al MINSA el lunes 24
¡Saldar la deuda ya!

Se cumplen seis años de incumplimiento estatal respecto del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[1] en el caso de KL, la joven forzada a llevar un embarazo de feto anencefàlico al negarle el Hospital Loayza el acceso al aborto terapéutico, legal en nuestro país desde el año 1924.

El 24 de octubre del 2005, esta instancia internacional de derechos humanos responsabilizó al Estado peruano de causar daños irreparables a la salud mental de KL, y de haberla sometido a trato cruel y degradante. El dictamen lo exhortó, entre otros aspectos, a tomar las medidas necesarias para evitar casos similares.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido no ha sido así. Los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García no han respetado los compromisos internacionales de Estado ni el propio Código Penal que establece como única forma de aborto legal el que se practica para salvar la vida de la gestante o evitar un grave daño a su salud física y mental.

Organizaciones de mujeres como la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, Demus, Movimiento Manuela Ramos, Promsex, entre otras, están demandando al actual ministro de Salud Alberto Tajada y al gabinete en pleno, la aprobación del protocolo de aborto terapéutico para saldar de una vez la deuda que el Estado tiene pendiente con las peruanas.

Las Voceras señalaron que evadir esta responsabilidad debido a presiones de índole confesional no solo atenta contra la laicidad del Estado garantizada en la Constitución, sino que tiene impactos negativos en la vida y salud de las mujeres haciendo que para muchas de ellas la maternidad sea una experiencia de riesgo.

“Al no aprobar el protocolo se impide concretar una política pública nacional que permita a las mujeres estar informadas y decidir libremente si continúan o no con embarazos de peligro, asegurarles desde el sistema público de salud un servicio de calidad, así como dotar al personal médico del marco de seguridad necesaria para su actuación”, remarcaron.

A fin de llamar la atención de las autoridades del sector y del gobierno que se comprometió en su campaña electoral y en su Plan inscrito en Jurado Nacional de Elecciones a aprobar este protocolo, las organizaciones de mujeres realizarán un plantón este lunes 24 a las 11.30am frente al MINSA.

“Demandamos al ministro Tejada que firme  la resolución ministerial respectiva y al gobierno del presidente Humala que respalde esta norma que contribuirá al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres”, afirmaron.


20 de octubre del 2011


Más información: Mariela Jara: 986264356/ Valeria Zamalloa: 4631236
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[1] Instancia encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito por el Estado peruano

domingo, 16 de octubre de 2011

Representantes de la Campaña por la Convención participaron en Conversatorio sobre situación de las lesbianas en el Perú


El jueves 13 de octubre se realizó en el Ministerio de la Mujer –MIMDES el Conversatorio “Situación de las Lesbianas en el Perú. Avances y Retrocesos”, evento organizado por la Kolektiva Rebeldías Lésbicas –KRL y el Movimiento Homosexual de Lima-MHOL en el día de las rebeldías lésbicas feministas en América Latina y el Caribe.

Ante un público compuesto por integrantes de organizaciones feministas, de mujeres,  LTGB, de lesbianas, jóvenes y por funcionarias del Ministerio de la Mujer, Cecilia Olea de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, habló sobre la necesidad e importancia de las alianzas entre distintas actoras y actores sociales desde la experiencia de la Campaña en su labor de dar a conocer, debatir y lograr acuerdos respecto de la propuesta de Convención. Identificó también el aporte que desde algunas organizaciones de lesbianas se viene dando para dialogar con organizaciones sociales de base con el objeto de articular e interseccionar las distintas agendas de las mujeres.

La Coordinadora de la Campaña del punto focal Perú, Rocío Muñoz participó esta vez como representante del movimiento afrodescendiente.

Este conversatorio tuvo un buen impacto político y de visibilidad para las lesbianas de Lima, ya que es la primera vez que logran posicionarse en una entidad del Estado como es el Ministerio de la Mujer para reflexionar con distintas representantes de los movimientos sociales sobre la importancia de las alianzas entre ellas, que les permita lograr un cambio real para todas las mujeres sin exclusión. Así mismo, para demandar al Estado la ausencia de leyes y programas o planes públicos que contemple acciones específicas para lesbianas que les otorgue ciudadanías plenas que les garantice una vida libre, digna y sin violencia.