sábado, 28 de septiembre de 2013

Acción pública en exigencia de protocolo para el aborto terapéutico

Lima, 28 Set.- Feministas peruanas exigieron a la ministra de Salud Midori de Habich la inmediata aprobación del protocolo que permita asegurar servicios adecuados y eficientes para la atención del aborto terapéutico a nivel  nacional.

Pese a ser legal desde 1924, solo algunos hospitales en el país cuentan con una norma sobre procedimientos para la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer gestante. Los diferentes gobiernos han preferido eludir su obligación de aprobar el protocolo por presiones de los lobbies político religiosos.


En el plantón realizado ante el Ministerio de Salud en vísperas de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, mujeres feministas, lesbianas y de organizaciones sociales reiteraron su demanda al gobierno del presidente Ollanta Humala y a la ministra de Habich, a quien dirigieron una carta con sus demandas.

La misiva fue entrega por mesa de partes por las activistas Cecilia Olea del Centro Flora Tristán, Mónica Coronado de la Kolectiva Rebeldías Lésbicas y María Ysabel Cedano de DEMUS, organizaciones integrantes de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos y la Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Precisamente estos dos colectivos impulsaron la acción pública en el marco de las luchas que a nivel regional protagonizaron las mujeres exigiendo el reconocimiento de los Estados de su derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos, sin injerencias en su sexualidad ni reproducción.

Durante el plantón ante el MINSA se realizó la intervención de la Alfombra Roja, iniciativa político cultural en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, permanentemente vulnerados y amenazados por el Estado.


Decenas de mujeres vestidas íntegramente de rojo se tendieron ante la puerta del ministerio y corearon lemas exigiendo la aprobación del protocolo.

En la carta dirigida a la titular Midori de Habich, se sustentó el pedido en respeto de las normas vigentes y recomendaciones de organismos que monitorean tratados internacionales de derechos humanos.

La recordaron que están por cumplirse 8 años del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[1] en el caso de KL, y dos años del emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer[2] respecto de la adolescente LC, a quienes se negó el acceso al aborto legal causándoles daños irreparables a su salud.

Estos Comités de Naciones Unidas han exhortado al Estado a dar medidas para la no repetición de estos casos con la aprobación de un protocolo nacional de atención pues de esa forma se contará  con la política pública que permita a las mujeres estar informadas y decidir libremente si continúan o no con gestaciones de riesgo; asegurarles un servicio efectivo y de calidad; y dotar al personal médico del marco de seguridad para su desempeño.

“No hacerlo es mantener la deuda de los gobiernos con el derecho a la vida y la salud de las mujeres, sostener una situación de vulneración de derechos, y debilitar la posición del Estado ante la comunidad internacional”, remarcan en la misiva.



[1] Comité encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional de derechos humanos de carácter vinculante suscrito por el Estado peruano
[2] Comité encargo de monitorear la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de carácter vinculante para el Perú.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Ministerio de Salud inmune a recomendaciones en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Ministra de Habich no se pronuncia

Diferentes Comités de Derechos Humanos han hecho en los últimos años recomendaciones al Estado peruano a fin de que amplíe su interpretación sobre el aborto terapéutico establecido en el artículo 19 del Código Penal desde el año 1924, y apruebe el protocolo nacional de atención que permita garantizar el servicio de aborto legal a las mujeres que lo requieran.

Los sectores del Estado comprometidos  tienen la obligación de cumplir con tales recomendaciones en la medida que los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país tienen carácter vinculante.

En el caso concreto del Ministerio de Salud, ninguno de los exhortos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de estas instancias de Naciones Unidas ha sido atendido, en una clara muestra de desinterés por problemas que atañen directamente a las mujeres.

Desde que asumió el cargo, la ministra de Salud Midori de Habich no se ha pronunciado sobre los álgidos problemas vinculados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las peruanas.

Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En abril del 2013 reiteró su preocupación por la elevada mortalidad materna en el país como consecuencia de la penalización del aborto y de la ausencia de un protocolo nacional para normar el aborto terapéutico.

En ese sentido recomendó, entre otros puntos, la rápida aprobación del protocolo y el desarrollo de programas educativos y de sensibilización en escuelas, universidades y medios de comunicación sobre la importancia del derecho a la salud sexual y reproductiva. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En mayo del 2012 el Comité expresó su preocupación por la falta de una reglamentación nacional para regular la práctica del aborto terapéutico. También por el alto índice de embarazo de adolescentes, especialmente en zonas rurales, y  la falta de adecuados servicios de salud sexual y reproductiva. 

Recomendó al Estado peruano establecer el protocolo nacional para regular la atención del aborto terapéutico.

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

En febrero del 2007 el Comité  indicó su preocupación por el insuficiente reconocimiento y protección de la salud y derechos reproductivos de las mujeres, reflejado en embarazos adolescentes y muerte materna por causa de los abortos inseguros y por la interpretación restrictiva del Estado sobre el aborto terapéutico que puede inducir a las mujeres a la interrupción de sus embarazos en condiciones de riesgo.

Al Comité también le preocupó el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en el caso de KL, joven a la que un hospital público de salud le negó el acceso al aborto terapéutico cuando gestaba un feto anencefálico, lo que le ocasionó daños irreparables a su salud.

El Comité instó al Estado peruano a ampliar su interpretación restringida del aborto legal, y a cumplir con lo dispuesto en el dictamen del caso KL. Una de sus recomendaciones es precisamente la adopción de medidas que eviten la repetición de casos similares al de la joven vulnerada en sus derechos.

Comité contra la Tortura que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En enero del 2013 el Comité puso de manifiesto su preocupación por la interpretación restrictiva y poco clara del Estado sobre lo que constituye aborto terapéutico y legal en caso de necesidad por razones médicas, situación que lleva a las mujeres a abortar clandestinamente en condiciones de inseguridad.

El Comité planteó diversas recomendaciones orientadas a garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entre ellas la necesidad de modificar la prohibición general del aborto para poder autorizar el de carácter terapéutico en los casos en que el embarazo sea resultado de violación o de incesto.

También, asegurar que el personal profesional de salud conozca y sepa aplicar los protocolos del Ministerio de Salud referidos a los abortos legales, y garantizar un tratamiento inmediato e incondicional a las personas que soliciten asistencia médica de emergencia.

El Comité recomendó, igualmente, realizar una amplia campaña pública de sensibilización sobre los casos en que el aborto terapéutico es legal y sobre los trámites administrativos correspondientes.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Plantón ante el MINSA

Mujeres exigen protocolo para atención del aborto terapéutico
Viernes 27 de 10am – 12pm


Un plantón para exigir que el gobierno apruebe el protocolo nacional de atención del aborto terapéutico realizarán feministas y organizaciones de mujeres de diferentes sectores este viernes 27 en el frontis del Ministerio de Salud de 10am a 12 del mediodía.

Esta acción es convocada por el Centro Flora Tristán, Demus, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, Perú Afro, entre otros grupos que integran los colectivos Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Justamente el plantón forma parte de las acciones de lucha que las mujeres impulsan en el país y en la región en demanda del respeto a su derecho a decidir con autonomía sobre su sexualidad y reproducción, en el marco del Día de la Despenalización del Aborto en ALC este sábado 28.

Las organizaciones feministas demandan que en respeto a las normas vigentes, a las obligaciones asumidas por el Estado peruano ante la comunidad internacional, y en cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial, el ministerio de Salud cumpla con aprobar el protocolo.

“Corresponde a la ministra Midori de Habich hacerlo para asegurar que las mujeres con embarazos en riesgo accedan al servicio de aborto legal efectivo, oportuno y de calidad si lo requieren, pues de esa manera se protegerá su salud física y mental y su propia vida”, sostuvieron las voceras.

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 pero la ausencia de una normativa sobre su procedimiento obstaculiza el desarrollo de una política pública que garantice la prestación del servicio a las mujeres que deciden interrumpir gestaciones de peligro para su vida y salud, y rodea de inseguridad la actuación del personal médico que opta muchas veces por inhibirse.

Esta indiferencia e inacción estatal ha motivado que dos Comités de Naciones Unidas  reprendan al Estado y lo exhorten a la aprobación del protocolo para evitar la repetición casos dramáticos como los de las adolescentes KL y LC a quienes dos hospitales públicos del país les negaron el derecho del aborto legal, lo que les ocasionó daños irreparables a su salud mental y física.

“Los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y ahora de Ollanta Humala se niegan a cumplir los dictámenes cediendo a presiones de índole confesional, colocándose así de espaldas a los derechos humanos de las mujeres, al Estado laico y al respeto de la normativa internacional”, manifestaron las activistas.

Además de lo señalado, está la reciente sentencia del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que ordena al MINSA responder al pedido ciudadano  de aprobación del protocolo de aborto terapéutico, en el marco de lo dispuesto por la resolución del Comité de Derechos Humanos en el caso de KL.

Lima 25 Septiembre 2013