viernes, 27 de octubre de 2017

Sin Estado laico peligran los derechos sexuales y reproductivos


Lima 25 Oct.- Nuevos desafíos ciudadanos para dar concreción al Estado laico en el Perú se colocaron en un evento organizado por las integrantes de la Campaña Interamericana para una Convención de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, integrada en el país por organizaciones feministas, de la diversidad sexual, jóvenes y activistas.

Susana Chávez, directora de Promsex, puso énfasis en las estrategias de los grupos conservadores vinculados a las iglesias evangélicas y católicas para resistir, negar y atacar diversas dimensiones de los derechos sexuales y reproductivos, y llamó la atención sobre el rol que le corresponde al Estado en este escenario de amenaza.

Hizo un repaso por la presencia organizada de estos sectores que llega inclusive hasta el Congreso donde defienden una agenda política conservadora desde distintas bancadas y legislan en función a sus creencias. Evidenció que otra cara de esta actuación es su ataque permanente a las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos.

La especialista mostró cómo han modificado su discurso adoptando el lenguaje de los derechos humanos y colocándose como parte de la ciudadanía organizada a través de iniciativas como la Marcha por la vida y Con Mis Hijos No Te Metas, que son parte de una agenda regional y mundial con fuertes sumas de financiamiento.

En ese contexto consideró que es necesario develar la precariedad de las instituciones conservadoras y su agenda antiderechos, ampliar los campos de acción desde la ciudadanía para la exigencia del Estado laico y acercar esta demanda a la vida cotidiana de la gente.

Por su parte las periodistas Carla Díaz y Graciela Tiburcio de Wayka, compartieron los hallazgos de su investigación sobre los millones que mueven grupos evangélicos en el Perú, y sobre los cuales no dan cuenta ni pagan impuestos.

La investigación Negocios de fe, revela como la iglesia Agua Viva ha acrecentado su patrimonio al punto de comprar un coliseo por seis millones de dólares, dinero conseguido solo en base a diezmos según sus directivos, versión que contrasta con las evidencias halladas por la División de Lavado de Activos de la Policía que ha solicitado la intervención del Ministerio Público.

Carla Díaz precisó que Agua Viva no se dedica solo a la espiritualidad sino que hace política, integra el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas que se opone a la incorporación de la igualdad de género en la currícula escolar, demanda el indulto del condenado ex presidente Alberto Fujimori y promueve pactos contra los derechos de la población LGTBI con candidaturas electorales.

Propuso que en la defensa del Estado laico se trabaje la interpelación a estos sectores develando su modo de actuación, sus manejos irregulares de dinero y los lobbies en favor de intereses particulares y de fe..

La coordinadora de la Alianza Perú de la Campaña Interamericana, Rocío Muñoz, valoró la importancia de sostener espacios de diálogo y debate que contribuyan a la articulación de fuerzas ciudadanas respetuosas de los derechos humanos en torno a la garantía del Estado laico, particularmente en el actual contexto en que se pretende normalizar las vidas de las personas en función a creencias y valoraciones religiosas.



miércoles, 5 de abril de 2017

5 de abril

Fujimorismo nunca más. 


Lima 5 Abril 2017.- Hoy se cumplen 25 años del autogolpe de Alberto Fujimori que inició un régimen  violatorio de derechos humanos y ocurre de la peor manera. Ayer su mayoría en el Congreso, Fuerza Popular, decidió que la población de la diversidad sexual no tiene derecho  a ser protegida de la discriminación por orientación sexual e identidad de género pese a los crímenes de odio que persisten en nuestra sociedad.

Amnistía Internacional ha documentado el asesinato en el país de ocho personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) entre el 2015 y 2016, cifra que se eleva a 100 en la última década. Son crímenes alentados por sectores que no reconocen la igualdad de derechos y fomentan el odio hacia quienes consideran diferentes.
Así como hace 25 años el fujimorismo abusó del poder para dar el autogolpe que institucionalizó la corrupción, cooptó los poderes del Estado y promovió la esterilización forzada, ayer en la Comisión de Constitución usó su mayoría para derogar el Decreto Legislativo 1323 que sancionaba los crímenes cometidos por discriminación por orientación sexual e identidad de género, abriendo la impunidad a las violencias sistemáticas que las personas LGBTI viven en los espacios públicos y privados.

Desde la Alianza Perú de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, rechazamos y denunciamos esta medida que vulnera los derechos humanos y que coloca al Perú como un Estado que incumple normas y compromisos internacionales.
Además, nos sumamos a la reflexión para hacer memoria de lo que significó ese cinco de abril de 1992 para la ciudadanía, los derechos humanos y la democracia a fin de mantener una conciencia colectiva y vigilante frente a los intentos de abuso de poder por parte de quienes detentan el gobierno y los poderes fácticos.

Fotografia: Walter Hupiu
Y recordamos que fue la acción movilizada de las organizaciones sociales, de las mujeres, jóvenes, estudiantes, lesbianas y colectivos de la diversidad sexual, entre otras, lo que fue resquebrajando la dictadura fujimorista.

La misma voluntad que en el actual contexto no solo de amenaza a nuestros derechos, sino de flagrante vulneración, se activa para decirle NO a la decisión de la bancada fujimorista. 

Como Campaña Perú estaremos presentes en el acto conmemorativo 5 de abril Nunca más, este miércoles en la Plaza San Martín de Lima, a las   5pm para exigir un Estado laico, una democracia sin discriminaciones y la erradicación de prácticas autoritarias y denigrantes.

La Alianza Perú es parte, junto con nueve países, de la iniciativa regional por lograr que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos apruebe un instrumento jurídico de carácter vinculante que proteja, promueva y garantice el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en América Latina y el Caribe.