DOCUMENTO DE POSICIÓN DE REDES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ACCESO IGUALITARIO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

MONTEVIDEO, URUGUAY, AGOSTO 2013

Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia. 

Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:

• Latino América y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.

• Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:

• Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.

• Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.

• Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión  por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.

• Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.

En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad. 

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones  de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras.

Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México) o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embrago, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.

Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres. 

En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto,  los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo. 

Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir.  

Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbi-mortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.

 ¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES! 

Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la  I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:

1. Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales

2. Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.

3. Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.

4. Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.

5. Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.

6. Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.

7. Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad

8. Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO DE DEMOCRACIA!

¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Redes y Organizaciones Firmantes:

• Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

• Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)

• Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)

• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

• Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos

• Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC

• Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)

• Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

• Articulación Feminista Marcosur

• Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)

• Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer

• Coalición Salvadoreña  de Mujeres Rumbo a Cairo + 20

• Concertación Feminista

• Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)

• Cotidiano Mujer ( Uruguay)

• Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI

• La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)

• Red Nacional de Mujeres de Colombia

• Ipas México

• Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)

• Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México)

• Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)

• Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)

• INADE Joven (Guatemala)

• Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC

• Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)

• Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20

• Feministas en Resistencia (Honduras)

• Red Nacional de Defensoras (Honduras)

• Círculo de Estudios Feminista (Honduras)

• Articulacao de Mulhere Brasileiras (Brasil)

• Red nacional feminista de Saude, Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)

• Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)

• Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)

• Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)

• Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y  Eugenésico (El Salvador)

• Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)

• Organización de mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) (El Salvador)

• Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)

• Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos

• Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)

• Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)

• Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)

• Taller de Salud (Puerto Rico)

• Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)

• Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)

• Centro de Documentaciòn de Estudios (CDE) (Paraguay)

• Tierra Viva (Guatemala)

• BECA (Paraguay)

EL MOMENTO ES AHORA

Sres. Delegados y Delegadas a la I Conferencia sobre Población y Desarrollo de la CEPAL:

Las más de cincuenta redes, coaliciones nacionales e internacionales con presencia en nuestra región, campañas y organizaciones de los movimientos nucleadas hace ya casi dos años en la Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, somos de diferentes países, culturas, razas, etnias, clases sociales, edades y sexualidades, estamos presentes en Montevideo en esta Conferencia, porque queremos que la agenda que como sociedades pactemos a 20 años del proceso de Cairo y para el desarrollo más allá del 2014 y 2015, defienda la construcción de una región donde todas las personas podamos vivir con libertad, igualdad y solidaridad. Una región que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y UN MUNDO donde poder vivirlos.

En estos pocos minutos que tenemos para dirigirnos a ustedes ¿cómo elegir cuál de todos los temas que nos preocupan debemos priorizar? ¿Qué es más importante?¿ las mujeres traficadas o las horas del trabajo infantil? ¿Qué es más importante, el miedo de las mujeres que viven en zonas de conflicto armado y militarismo o las mujeres migrantes trabajando sin derechos y sin horarios?¿Las mujeres transexuales, las trabajadoras del sexo o las mujeres olvidadas de cualquier afecto o derecho? ¿Con una sola palabra podremos expresar la discriminación y la exclusión? ¿Cómo elegir los principales temas que representen la diversidad de rostros, razas, etnias, historias y luchas de tantos millones de latinoamericanas y caribeñas?

La Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en 1994 fue un hito y sus acuerdos establecieron las relaciones entre dinámica demográfica, sustentabilidad del planeta y derechos de las personas, en especial, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes. Los estados expresaron su compromiso y desde la sociedad civil, hemos trabajado arduamente para hacer realidad esa agenda. Veinte años después, podemos señalar que hay avances de los cuales nos sentimos arte y parte y por ellos, nos congratulamos:

La mayoría de nuestros países cuentan con legislación que previene, sanciona y propende a la erradicación de la violencia basada en género. Cada día más mujeres tienen acceso a herramientas que les permiten construir su proyecto de vida, participar activamente en la política y en la sociedad, realizándose económica y profesionalmente y planificando su maternidad para que ésta no se convierta en un destino ineludible. Hay avances en términos normativos y tecnológicos, que permiten esperar una mejora en la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención y atención del VIH.

Y MAS QUE ESO, hay cambios culturales importantes en los que mucho ha contribuido la participación de las oganizaciones feministas y movimientos sociales generando información, debates y demandas en temas relativos a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como la despenalización del aborto o la educación sexual desde la infancia.

Sin embargo, estos avances se dan en un contexto de reproducción de desigualdades estructurales que impiden el pleno goce de derechos a millones de personas y amenazan la sustentabilidad para las generaciones futuras.

En nuestra región, persisten brechas injustificadas que se traducen en:

1. La persistente morbilidad y mortalidad materna.

2. La precariedad de los servicios públicos.

3. La presencia creciente del VIH/SIDA entre las mujeres en edad reproductiva.

4. La discriminación, exclusión e invisibilización que sufren las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes, rurales y lesbianas y población LGTBII.

5. La violencia de género, los feminicidios, el abuso y la explotación sexual, la mercantilización del cuerpo, el tráfico y la trata.

6. La criminalizacion de la sexualidad, de la práctica del aborto, de la trasmisión del VIH, de las personas trans y de las trabajadoras del sexo. La amenaza constante contra los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, haciendo de sus cuerpos territorios disputados por iglesias, mercados, traficantes y malos políticos.

7. La falta de acceso a la educación integral en sexualidad desde la infancia y a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Las altas tasas de embarazos no planificados, especialmente entre adolescentes y jóvenes cuando aquí mismo, en esta Conferencia, los gobiernos deberían estar dando cuenta de su disminución, de la erradicación del aborto inseguro, y del acceso al aborto legal y al ejercicio pleno de una maternidad deseada. Pero en vez de eso, tenemos gobernantes, legisladores, médicos y jueces que obligan a parir a niñas de 9 u 11 años violadas por padres o padrastros, al tiempo que agreden y criminalizan a activistas y defensoras/es de derechos humanos.

La tolerancia hacia Estados que abiertamente vulneran los derechos de las mujeres y violan los compromisos adquiridos ¿CÓMO SE IMPIDE? ¿QUÉ HACER CON gobernantes que en vez de defender la vigencia del Estado laico y de recomendaciones y llamados a la acción emanados de estas conferencias, obedecen a lobbys y poderes anti derechos? ¿DONDE SE DENUNCIA LA IMPOSICIÓN de agendas profundamente lesivas a la libertad, la igualdad y la calidad de vida de las personas?

Desde 1994 han pasado 20 años. SE SABE CUALES SON LOS PROBLEMAS y SE SABE CUALES SON LAS SOLUCIONES. Hay crecimiento económico, hay estabilidad de los procesos electorales y se tiene la legitimidad y los RECURSOS NECESARIOS para acabar con la desigualdad. NO HAY EXCUSAS PARA NO HACERLO. Salvo que nuestros gobiernos piensen que las mujeres NO lo merecemos, y por eso en nuestra región el número de analfabetas asciende a casi 22 millones.

No sólo PAGAMOS IMPUESTOS, SRES. DELEGADOS Y DELEGADAS, sino que sostenemos la reproducción social y biológica. NO HAY EXCUSAS para que la paridad todavía sea una entelequia. ¿Nuestros gobiernos pensarán que es posible una democracia que no nos incluya y nos siga tratando como ciudadanas de segunda clase?

Abogamos para que la agenda acordada, así como los compromisos que en ese marco se asuman, reivindiquen LA PLENA APLICACIÓN del Programa de Acción del Cairo, e incorporen los temas emergentes y problemas no resueltos desde la adopción de éste, así como compromisos financieros contundentes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, con participación sustantiva de la sociedad civil. 

Demandamos para nuestra región, la afirmación de estrategias de desarrollo sustentable y solidario, basadas en la distribución justa de la riqueza y la distribución justa de los cuidados. Demandamos una agenda que:

1. Asegure la plena garantía de los derechos humanos y como parte indisoluble de éstos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluídos los de las personas adolescentes y jóvenes, sin discrimincación alguna.

2. Garantice la eliminación de las desigualdades estructurales, incluidas las de género, raza, etnia, edad Y, POR SUPUESTO, las desigualdades de clase

3. Incluya la despenalización del aborto y el acceso oportuno a servicios de aborto legal, seguro y gratuito.

4. Promueva la educación Integral en sexualidad y salud sexual y reproductiva para niñas, niños adolescentes y jóvenes, asi como el acceso a servicios integrales, integrados y amigables.

5. Fortalezca la institucionalidad democrática con persectiva de género, intercultural y de generaciones.

6. Se base en el cumplimiento de la justicia y el derecho internacional de los derechos humanos.

7. Impulse mecanismos de participación en todas las esferas de la política y rendición de cuentas de los compromisos gubernamentales.

8. Apueste por sistemas de información apropiados y oportunos que den cuenta de la diversidad y permitan abordar las distintas inequidades desde las políticas.

9. Cuente con recursos financieros sostenibles y suficientes para enfrentar los problemas no resueltos y los nuevos retos.

10. Amplíe la plataforma de países que cumplan con estándares de derechos sexuales y derechos reproductivos.

11. Incluya medidas para garantizar la integridad física de los/las defensores y activistas de los derechos humanos.

Una agenda apoyada por una cooperación internacional alineada con el ejercicio pleno de los derechos humanos, la autonomía de la sociedad civil y el fortalecimiento de las democracias.

ES IMPRESCINDIBLE crear las condiciones para el fortalecimiento de la participación como un elemento fundamental del modelo de desarrollo que queremos para las próximas décadas. Un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y centrado en las personas, que entienda e integre sus modos de vivir, que respete sus derechos y se funde en la eliminación de las brechas estructurales, incluida la desigualdad de género.

Si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe, es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios de igualdad, justicia social y democracia.

Sres. y Sras. Delegados, necesitamos que los planes, proyectos y políticas se cumplan A CABALIDAD. Encomendamos a la Mesa Directiva a elaborar una propuesta de un mecanismo de rendición de cuentas e indicadores de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos que se asuman en esta Conferencia.

No queremos desearnos MUTUAMENTE un buen futuro. QUEREMOS QUE EL FUTURO EMPIECE YA.

ARTICULACION DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE