POSICIONAMIENTO DEL FORO DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las organizaciones y redes participantes del Foro de Organizaciones Feministas reunidas en República Dominicana y observadoras de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, recuerdan que el Presidente Rafael Correa de Ecuador con motivo de la inauguración de la última reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, realizada en julio de 2012 en Quito, afirmó que: “...El Desarrollo es básicamente un problema político, se requiere un cambio en las relaciones de poder en nuestras sociedades, para tener verdaderamente esa igualdad de oportunidades…”. Un año después, en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, Ecuador acompaña el Consenso de Montevideo en el que se reafirma que: “…La laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas…”.

Tan solo dos meses después de este pronunciamiento, las mujeres de la Región observamos con asombro el cambio radical de postura del Presidente de Ecuador, en sus declaraciones públicas a propósito de la discusión sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual en la Asamblea Nacional durante los debates del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí, el Presidente Correa afirmó que “...yo jamás aprobaré la despenalización del aborto […] si siguen estas traiciones o deslealtades en el bloque Alianza PAIS...yo presentaré mi renuncia al cargo. Es una puñalada al proceso revolucionario y al Presidente de la República”. En este mismo contexto, cuestiona a las organizaciones feministas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión, calificándolas de “muchachitas malcriaditas”, “desubicadas” y “manipuladas”.

Un año de Quito a Montevideo, dos meses de Montevideo a Santo Domingo y ya las acciones del gobierno, en el nivel nacional, contradicen los acuerdos de los consensos regionales y una vez más plantean una “Revolución” que deja por fuera a las mujeres y a sus derechos. ¿Por qué, siendo el Ecuador un Estado Laico conforme a su Constitución de 2008, el Presidente privilegia, sin vergüenza alguna, sus creencias religiosas para empujar decisiones y políticas públicas en las que impone su moral por sobre el mandato de la protección de los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué el Ecuador avanza en contravía de los consensos y de los marcos internacionales de derechos humanos? ¿Por qué, impunemente, pretende convencernos en esta Conferencia sobre la Mujer que en su país “están trabajando para garantizar el efectivo goce de los derechos de las mujeres, pasando de lo enunciativo al cumplimiento de la igualdad? ¿Acaso, penalizar a las mujeres porque deciden sobre sus cuerpos es la contribución del Presidente de Ecuador a esta llamada igualdad real, contemplada en la Carta Magna que, en su momento, tanto alabó?.

Resulta inadmisible que, en un sistema político democrático y donde debería imperar la división de los poderes del Estado, el Presidente de la República, a viva voz, privilegie sus convicciones personales por sobre el debate democrático, chantajee y presione a las/los y legisladores, amenace con la revocatoria del mandato a representantes del Pueblo ecuatoriano, criminalice a quienes piensan distinto y defienden el derecho a la autonomía sobre el cuerpo, a un punto de intolerancia tal, de amenazar con su renuncia al cargo presidencial.

Más aún, cuando las fuentes oficiales ecuatorianas (INEC, 2012) reconocen serias problemáticas como: el aumento del embarazo en niñas y adolescentes de 12 a 14 años en un 78%; las complicaciones por abortos como primera causa de morbilidad femenina; y denuncias diarias (10 por lo menos) sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Alertamos que esta posición viola los compromisos y acuerdos internacionales en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos y desconoce que en el Ecuador, el 64 % de la población está de acuerdo con el aborto cuando es producto de una violación sexual (INEC, 2012).

Absolutamente preocupadas y asombradas, hacemos un llamado urgente a los estados partes de la XII Conferencia Regional de la Mujer para que, no solamente firmen y ratifiquen pactos y compromisos, sino que los cumplan a cabalidad y con la debida seriedad.

Igualmente, hacemos un llamado a los mecanismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para que se pronuncien frente a este hecho que constituye un grave retroceso para los derechos de las mujeres en el Ecuador.

Santo Domingo, 16 de octubre de 2013

Alianza Juventudes;
Articulación Feminista Marcosur – AFM;
Articulación de Mujeres Brasileñas – AMB;
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.;
Campaña por la Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, Perú;
Campaña 28 de Septiembre;
Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, México;
Centro de Documentación y Estudios de Paraguay – CDE;
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán;
Centro de Investigación para la Acción Femenina – CIPAF, República Dominicana;
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX;
Comunidad Internacional de Mujeres con VIH región América Latina (ICW Latina);
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI);
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad;
Cotidiano Mujer – Uruguay;
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana;
Comité de América Latina y el Caribe la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM);
El Clóset de Sor Juana, México;
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de la Región Sudamérica - ECMIARS
Fundación para los Estudios de la Mujer – FEIM, Argentina;
International Lesbian and Gay Association – ILGA;
Kolectiva de Rebeldías Lésbicas, Perú;
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora;
Red de Educación Popular entre Mujeres Latinoamérica y El Caribe – REPEM;
Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir;

Acción pública en exigencia de protocolo para el aborto terapéutico

Lima, 28 Set.- Feministas peruanas exigieron a la ministra de Salud Midori de Habich la inmediata aprobación del protocolo que permita asegurar servicios adecuados y eficientes para la atención del aborto terapéutico a nivel  nacional.

Pese a ser legal desde 1924, solo algunos hospitales en el país cuentan con una norma sobre procedimientos para la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer gestante. Los diferentes gobiernos han preferido eludir su obligación de aprobar el protocolo por presiones de los lobbies político religiosos.

En el plantón realizado ante el Ministerio de Salud en vísperas de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, mujeres feministas, lesbianas y de organizaciones sociales reiteraron su demanda al gobierno del presidente Ollanta Humala y a la ministra de Habich, a quien dirigieron una carta con sus demandas.

La misiva fue entrega por mesa de partes por las activistas Cecilia Olea del Centro Flora Tristán, Mónica Coronado de la Kolectiva Rebeldías Lésbicas y María Ysabel Cedano de DEMUS, organizaciones integrantes de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos y la Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Precisamente estos dos colectivos impulsaron la acción pública en el marco de las luchas que a nivel regional protagonizaron las mujeres exigiendo el reconocimiento de los Estados de su derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos, sin injerencias en su sexualidad ni reproducción.

Durante el plantón ante el MINSA se realizó la intervención de la Alfombra Roja, iniciativa político cultural en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, permanentemente vulnerados y amenazados por el Estado.

Decenas de mujeres vestidas íntegramente de rojo se tendieron ante la puerta del ministerio y corearon lemas exigiendo la aprobación del protocolo.

En la carta dirigida a la titular Midori de Habich, se sustentó el pedido en respeto de las normas vigentes y recomendaciones de organismos que monitorean tratados internacionales de derechos humanos.

La recordaron que están por cumplirse 8 años del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[1] en el caso de KL, y dos años del emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer[2] respecto de la adolescente LC, a quienes se negó el acceso al aborto legal causándoles daños irreparables a su salud.

Estos Comités de Naciones Unidas han exhortado al Estado a dar medidas para la no repetición de estos casos con la aprobación de un protocolo nacional de atención pues de esa forma se contará  con la política pública que permita a las mujeres estar informadas y decidir libremente si continúan o no con gestaciones de riesgo; asegurarles un servicio efectivo y de calidad; y dotar al personal médico del marco de seguridad para su desempeño.

“No hacerlo es mantener la deuda de los gobiernos con el derecho a la vida y la salud de las mujeres, sostener una situación de vulneración de derechos, y debilitar la posición del Estado ante la comunidad internacional”, remarcan en la misiva.

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[1] Comité encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional de derechos humanos de carácter vinculante suscrito por el Estado peruano

[2] Comité encargo de monitorear la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de carácter vinculante para el Perú.

Ministerio de Salud inmune a recomendaciones en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Ministra de Habich no se pronuncia

Diferentes Comités de Derechos Humanos han hecho en los últimos años recomendaciones al Estado peruano a fin de que amplíe su interpretación sobre el aborto terapéutico establecido en el artículo 19 del Código Penal desde el año 1924, y apruebe el protocolo nacional de atención que permita garantizar el servicio de aborto legal a las mujeres que lo requieran.

Los sectores del Estado comprometidos  tienen la obligación de cumplir con tales recomendaciones en la medida que los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país tienen carácter vinculante.

En el caso concreto del Ministerio de Salud, ninguno de los exhortos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de estas instancias de Naciones Unidas ha sido atendido, en una clara muestra de desinterés por problemas que atañen directamente a las mujeres.

Desde que asumió el cargo, la ministra de Salud Midori de Habich no se ha pronunciado sobre los álgidos problemas vinculados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las peruanas.

Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En abril del 2013 reiteró su preocupación por la elevada mortalidad materna en el país como consecuencia de la penalización del aborto y de la ausencia de un protocolo nacional para normar el aborto terapéutico.

En ese sentido recomendó, entre otros puntos, la rápida aprobación del protocolo y el desarrollo de programas educativos y de sensibilización en escuelas, universidades y medios de comunicación sobre la importancia del derecho a la salud sexual y reproductiva. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En mayo del 2012 el Comité expresó su preocupación por la falta de una reglamentación nacional para regular la práctica del aborto terapéutico. También por el alto índice de embarazo de adolescentes, especialmente en zonas rurales, y  la falta de adecuados servicios de salud sexual y reproductiva. 

Recomendó al Estado peruano establecer el protocolo nacional para regular la atención del aborto terapéutico.

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

En febrero del 2007 el Comité  indicó su preocupación por el insuficiente reconocimiento y protección de la salud y derechos reproductivos de las mujeres, reflejado en embarazos adolescentes y muerte materna por causa de los abortos inseguros y por la interpretación restrictiva del Estado sobre el aborto terapéutico que puede inducir a las mujeres a la interrupción de sus embarazos en condiciones de riesgo.

Al Comité también le preocupó el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en el caso de KL, joven a la que un hospital público de salud le negó el acceso al aborto terapéutico cuando gestaba un feto anencefálico, lo que le ocasionó daños irreparables a su salud.

El Comité instó al Estado peruano a ampliar su interpretación restringida del aborto legal, y a cumplir con lo dispuesto en el dictamen del caso KL. Una de sus recomendaciones es precisamente la adopción de medidas que eviten la repetición de casos similares al de la joven vulnerada en sus derechos.

Comité contra la Tortura que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En enero del 2013 el Comité puso de manifiesto su preocupación por la interpretación restrictiva y poco clara del Estado sobre lo que constituye aborto terapéutico y legal en caso de necesidad por razones médicas, situación que lleva a las mujeres a abortar clandestinamente en condiciones de inseguridad.

El Comité planteó diversas recomendaciones orientadas a garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entre ellas la necesidad de modificar la prohibición general del aborto para poder autorizar el de carácter terapéutico en los casos en que el embarazo sea resultado de violación o de incesto.

También, asegurar que el personal profesional de salud conozca y sepa aplicar los protocolos del Ministerio de Salud referidos a los abortos legales, y garantizar un tratamiento inmediato e incondicional a las personas que soliciten asistencia médica de emergencia.

El Comité recomendó, igualmente, realizar una amplia campaña pública de sensibilización sobre los casos en que el aborto terapéutico es legal y sobre los trámites administrativos correspondientes.

Plantón ante el MINSA

Mujeres exigen protocolo para atención del aborto terapéutico

Viernes 27 de 10am – 12pm

Un plantón para exigir que el gobierno apruebe el protocolo nacional de atención del aborto terapéutico realizarán feministas y organizaciones de mujeres de diferentes sectores este viernes 27 en el frontis del Ministerio de Salud de 10am a 12 del mediodía.

Esta acción es convocada por el Centro Flora Tristán, Demus, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, Perú Afro, entre otros grupos que integran los colectivos Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Justamente el plantón forma parte de las acciones de lucha que las mujeres impulsan en el país y en la región en demanda del respeto a su derecho a decidir con autonomía sobre su sexualidad y reproducción, en el marco del Día de la Despenalización del Aborto en ALC este sábado 28.

Las organizaciones feministas demandan que en respeto a las normas vigentes, a las obligaciones asumidas por el Estado peruano ante la comunidad internacional, y en cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial, el ministerio de Salud cumpla con aprobar el protocolo.

“Corresponde a la ministra Midori de Habich hacerlo para asegurar que las mujeres con embarazos en riesgo accedan al servicio de aborto legal efectivo, oportuno y de calidad si lo requieren, pues de esa manera se protegerá su salud física y mental y su propia vida”, sostuvieron las voceras.

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 pero la ausencia de una normativa sobre su procedimiento obstaculiza el desarrollo de una política pública que garantice la prestación del servicio a las mujeres que deciden interrumpir gestaciones de peligro para su vida y salud, y rodea de inseguridad la actuación del personal médico que opta muchas veces por inhibirse.

Esta indiferencia e inacción estatal ha motivado que dos Comités de Naciones Unidas  reprendan al Estado y lo exhorten a la aprobación del protocolo para evitar la repetición casos dramáticos como los de las adolescentes KL y LC a quienes dos hospitales públicos del país les negaron el derecho del aborto legal, lo que les ocasionó daños irreparables a su salud mental y física.

“Los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y ahora de Ollanta Humala se niegan a cumplir los dictámenes cediendo a presiones de índole confesional, colocándose así de espaldas a los derechos humanos de las mujeres, al Estado laico y al respeto de la normativa internacional”, manifestaron las activistas.

Además de lo señalado, está la reciente sentencia del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que ordena al MINSA responder al pedido ciudadano  de aprobación del protocolo de aborto terapéutico, en el marco de lo dispuesto por la resolución del Comité de Derechos Humanos en el caso de KL.

Lima 25 Septiembre 2013

DOCUMENTO DE POSICIÓN DE REDES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ACCESO IGUALITARIO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

MONTEVIDEO, URUGUAY, AGOSTO 2013

Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia. 

Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:

• Latino América y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.

• Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:

• Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.

• Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.

• Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión  por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.

• Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.

En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad. 

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones  de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras.

Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México) o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embrago, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.

Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres. 

En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto,  los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo. 

Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir.  

Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbi-mortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.

 ¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES! 

Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la  I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:

1. Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales

2. Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.

3. Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.

4. Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.

5. Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.

6. Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.

7. Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad

8. Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO DE DEMOCRACIA!

¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Redes y Organizaciones Firmantes:

• Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

• Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)

• Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)

• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

• Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos

• Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC

• Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)

• Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

• Articulación Feminista Marcosur

• Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)

• Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer

• Coalición Salvadoreña  de Mujeres Rumbo a Cairo + 20

• Concertación Feminista

• Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)

• Cotidiano Mujer ( Uruguay)

• Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI

• La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)

• Red Nacional de Mujeres de Colombia

• Ipas México

• Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)

• Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México)

• Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)

• Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)

• INADE Joven (Guatemala)

• Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC

• Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)

• Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20

• Feministas en Resistencia (Honduras)

• Red Nacional de Defensoras (Honduras)

• Círculo de Estudios Feminista (Honduras)

• Articulacao de Mulhere Brasileiras (Brasil)

• Red nacional feminista de Saude, Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)

• Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)

• Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)

• Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)

• Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y  Eugenésico (El Salvador)

• Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)

• Organización de mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) (El Salvador)

• Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)

• Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos

• Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)

• Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)

• Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)

• Taller de Salud (Puerto Rico)

• Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)

• Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)

• Centro de Documentaciòn de Estudios (CDE) (Paraguay)

• Tierra Viva (Guatemala)

• BECA (Paraguay)

EL MOMENTO ES AHORA

Sres. Delegados y Delegadas a la I Conferencia sobre Población y Desarrollo de la CEPAL:

Las más de cincuenta redes, coaliciones nacionales e internacionales con presencia en nuestra región, campañas y organizaciones de los movimientos nucleadas hace ya casi dos años en la Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, somos de diferentes países, culturas, razas, etnias, clases sociales, edades y sexualidades, estamos presentes en Montevideo en esta Conferencia, porque queremos que la agenda que como sociedades pactemos a 20 años del proceso de Cairo y para el desarrollo más allá del 2014 y 2015, defienda la construcción de una región donde todas las personas podamos vivir con libertad, igualdad y solidaridad. Una región que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y UN MUNDO donde poder vivirlos.

En estos pocos minutos que tenemos para dirigirnos a ustedes ¿cómo elegir cuál de todos los temas que nos preocupan debemos priorizar? ¿Qué es más importante?¿ las mujeres traficadas o las horas del trabajo infantil? ¿Qué es más importante, el miedo de las mujeres que viven en zonas de conflicto armado y militarismo o las mujeres migrantes trabajando sin derechos y sin horarios?¿Las mujeres transexuales, las trabajadoras del sexo o las mujeres olvidadas de cualquier afecto o derecho? ¿Con una sola palabra podremos expresar la discriminación y la exclusión? ¿Cómo elegir los principales temas que representen la diversidad de rostros, razas, etnias, historias y luchas de tantos millones de latinoamericanas y caribeñas?

La Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en 1994 fue un hito y sus acuerdos establecieron las relaciones entre dinámica demográfica, sustentabilidad del planeta y derechos de las personas, en especial, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes. Los estados expresaron su compromiso y desde la sociedad civil, hemos trabajado arduamente para hacer realidad esa agenda. Veinte años después, podemos señalar que hay avances de los cuales nos sentimos arte y parte y por ellos, nos congratulamos:

La mayoría de nuestros países cuentan con legislación que previene, sanciona y propende a la erradicación de la violencia basada en género. Cada día más mujeres tienen acceso a herramientas que les permiten construir su proyecto de vida, participar activamente en la política y en la sociedad, realizándose económica y profesionalmente y planificando su maternidad para que ésta no se convierta en un destino ineludible. Hay avances en términos normativos y tecnológicos, que permiten esperar una mejora en la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención y atención del VIH.

Y MAS QUE ESO, hay cambios culturales importantes en los que mucho ha contribuido la participación de las oganizaciones feministas y movimientos sociales generando información, debates y demandas en temas relativos a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como la despenalización del aborto o la educación sexual desde la infancia.

Sin embargo, estos avances se dan en un contexto de reproducción de desigualdades estructurales que impiden el pleno goce de derechos a millones de personas y amenazan la sustentabilidad para las generaciones futuras.

En nuestra región, persisten brechas injustificadas que se traducen en:

1. La persistente morbilidad y mortalidad materna.

2. La precariedad de los servicios públicos.

3. La presencia creciente del VIH/SIDA entre las mujeres en edad reproductiva.

4. La discriminación, exclusión e invisibilización que sufren las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes, rurales y lesbianas y población LGTBII.

5. La violencia de género, los feminicidios, el abuso y la explotación sexual, la mercantilización del cuerpo, el tráfico y la trata.

6. La criminalizacion de la sexualidad, de la práctica del aborto, de la trasmisión del VIH, de las personas trans y de las trabajadoras del sexo. La amenaza constante contra los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, haciendo de sus cuerpos territorios disputados por iglesias, mercados, traficantes y malos políticos.

7. La falta de acceso a la educación integral en sexualidad desde la infancia y a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Las altas tasas de embarazos no planificados, especialmente entre adolescentes y jóvenes cuando aquí mismo, en esta Conferencia, los gobiernos deberían estar dando cuenta de su disminución, de la erradicación del aborto inseguro, y del acceso al aborto legal y al ejercicio pleno de una maternidad deseada. Pero en vez de eso, tenemos gobernantes, legisladores, médicos y jueces que obligan a parir a niñas de 9 u 11 años violadas por padres o padrastros, al tiempo que agreden y criminalizan a activistas y defensoras/es de derechos humanos.

La tolerancia hacia Estados que abiertamente vulneran los derechos de las mujeres y violan los compromisos adquiridos ¿CÓMO SE IMPIDE? ¿QUÉ HACER CON gobernantes que en vez de defender la vigencia del Estado laico y de recomendaciones y llamados a la acción emanados de estas conferencias, obedecen a lobbys y poderes anti derechos? ¿DONDE SE DENUNCIA LA IMPOSICIÓN de agendas profundamente lesivas a la libertad, la igualdad y la calidad de vida de las personas?

Desde 1994 han pasado 20 años. SE SABE CUALES SON LOS PROBLEMAS y SE SABE CUALES SON LAS SOLUCIONES. Hay crecimiento económico, hay estabilidad de los procesos electorales y se tiene la legitimidad y los RECURSOS NECESARIOS para acabar con la desigualdad. NO HAY EXCUSAS PARA NO HACERLO. Salvo que nuestros gobiernos piensen que las mujeres NO lo merecemos, y por eso en nuestra región el número de analfabetas asciende a casi 22 millones.

No sólo PAGAMOS IMPUESTOS, SRES. DELEGADOS Y DELEGADAS, sino que sostenemos la reproducción social y biológica. NO HAY EXCUSAS para que la paridad todavía sea una entelequia. ¿Nuestros gobiernos pensarán que es posible una democracia que no nos incluya y nos siga tratando como ciudadanas de segunda clase?

Abogamos para que la agenda acordada, así como los compromisos que en ese marco se asuman, reivindiquen LA PLENA APLICACIÓN del Programa de Acción del Cairo, e incorporen los temas emergentes y problemas no resueltos desde la adopción de éste, así como compromisos financieros contundentes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, con participación sustantiva de la sociedad civil. 

Demandamos para nuestra región, la afirmación de estrategias de desarrollo sustentable y solidario, basadas en la distribución justa de la riqueza y la distribución justa de los cuidados. Demandamos una agenda que:

1. Asegure la plena garantía de los derechos humanos y como parte indisoluble de éstos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluídos los de las personas adolescentes y jóvenes, sin discrimincación alguna.

2. Garantice la eliminación de las desigualdades estructurales, incluidas las de género, raza, etnia, edad Y, POR SUPUESTO, las desigualdades de clase

3. Incluya la despenalización del aborto y el acceso oportuno a servicios de aborto legal, seguro y gratuito.

4. Promueva la educación Integral en sexualidad y salud sexual y reproductiva para niñas, niños adolescentes y jóvenes, asi como el acceso a servicios integrales, integrados y amigables.

5. Fortalezca la institucionalidad democrática con persectiva de género, intercultural y de generaciones.

6. Se base en el cumplimiento de la justicia y el derecho internacional de los derechos humanos.

7. Impulse mecanismos de participación en todas las esferas de la política y rendición de cuentas de los compromisos gubernamentales.

8. Apueste por sistemas de información apropiados y oportunos que den cuenta de la diversidad y permitan abordar las distintas inequidades desde las políticas.

9. Cuente con recursos financieros sostenibles y suficientes para enfrentar los problemas no resueltos y los nuevos retos.

10. Amplíe la plataforma de países que cumplan con estándares de derechos sexuales y derechos reproductivos.

11. Incluya medidas para garantizar la integridad física de los/las defensores y activistas de los derechos humanos.

Una agenda apoyada por una cooperación internacional alineada con el ejercicio pleno de los derechos humanos, la autonomía de la sociedad civil y el fortalecimiento de las democracias.

ES IMPRESCINDIBLE crear las condiciones para el fortalecimiento de la participación como un elemento fundamental del modelo de desarrollo que queremos para las próximas décadas. Un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y centrado en las personas, que entienda e integre sus modos de vivir, que respete sus derechos y se funde en la eliminación de las brechas estructurales, incluida la desigualdad de género.

Si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe, es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios de igualdad, justicia social y democracia.

Sres. y Sras. Delegados, necesitamos que los planes, proyectos y políticas se cumplan A CABALIDAD. Encomendamos a la Mesa Directiva a elaborar una propuesta de un mecanismo de rendición de cuentas e indicadores de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos que se asuman en esta Conferencia.

No queremos desearnos MUTUAMENTE un buen futuro. QUEREMOS QUE EL FUTURO EMPIECE YA.

ARTICULACION DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Congreso afectado por homofobia, lesbofobia y transfobia

El fundamentalismo de la mayoría de congresistas del Parlamento peruano  impidió anoche el reconocimiento de la ciudadanía y derechos de la población no heterosexual al dejarla desprotegida frente a la violencia a la que se encuentra expuesta y que en su grado extremo llega a los denominados crímenes de odio.

Fotografía: Mary Vargas

El pleno del legislativo debatió durante más de tres horas el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que incluía a la orientación sexual e identidad de género como agravantes en los delitos de discriminación al igual que la religión, raza, sexo, entre otros.

Sin embargo la propuesta fue rechazada por 56 votos. Solo 27 congresistas aprobaron esta modificación al Código Penal mientras que 17 prácticamente se lavaron las manos al abstenerse.

     

Esta decisión fue enfáticamente rechazada por la Alianza Perú de la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, cuyas organizaciones integrantes manifestaron su indignación y repudio ante esta muestra de irrespeto del Parlamento nacional al carácter laico del Estado y la normatividad vigente tanto nacional como internacional.

Fotografía: Mary Vargas

La Alianza Perú la conforman el Centro Flora Tristán, DEMUS, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, Milenia Comunicaciones, CLADEM Perú, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas y Perú Afro.

Pese a que en el debate se argumentó sobre el carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en el marco de la OEA y de Naciones Unidas, y la obligación de legislar tomando en cuenta su contenido, la mayoría optó por sus confesiones religiosas, mellando con ello la imagen internacional del Estado peruano y sobre todo excluyendo a diversos sectores de la población.

El congresista Julio Rosas, pastor evangélico integrante de la bancada fujimorista, sostuvo que la defensa de los derechos humanos no se da en base a la atracción sexual, mientras Humberto Lay, también pastor evangélico del grupo político Restauración Nacional, afirmó que no se necesita legislar sobre la orientación sexual.  

El legislador Jorge Bruce recordó al pleno que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala (jueza chilena a quien se le quitó la custodia de sus hijas por ser lesbiana) establece que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. 

“Esta sentencia es vinculante y de obligatorio cumplimiento”, remarcó.

Fotografía: Mariela Jara

Pero como en la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, de nada valdrían las argumentaciones jurídicas. El Congreso siguió con su aplanadora antiderechos arrasando esta vez con el reconocimiento y respeto de los que corresponden la población LGTBI, a lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. 

Lima 5 de julio 2013

Congreso de espaldas a los derechos

Fotografía: Mariela Jara

El dictamen del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes aprobado por la Comisión de Familia, le otorga protección privilegiada al concebido sin considerar los derechos de la gestante, con la finalidad de ilegalizar el aborto terapéutico y evitar el debate de proyectos para la despenalización de otras formas de interrupción del embarazo, medida necesaria en el país donde el aborto inseguro atenta contra el derecho a decidir de las peruanas y es causante de muerte y enfermedad.

Fotografía: Mary Vargas

El mismo dictamen colocó bajo responsabilidad de las familias la educación sexual integral de las/os adolescentes, eximiendo de ese rol tutelar al Estado y exponiendo a esta población a mayores riesgos de embarazo temprano, abortos inseguros, mortalidad materna, contagio de ITS incluyendo el VIH, y las consecuencias sociales derivadas de estas situaciones.

Por otra parte la Comisión de Justicia y Derechos Humanos excluyó, del proyecto modificatorio del Código Penal, a la orientación sexual e identidad de género del agravante de discriminación de delitos. “No se reconoce la ciudadanía de las lesbianas, gays, mujeres trans, o travestis, ése es el claro mensaje de esta Comisión que esperamos rectifique el pleno del Congreso”, sostuvo Mónica Coronado, Presidenta de la Kolectiva Rebeldías Lésbicas -KRL Perú.

Movilización ciudadana regional en defensa de los derechos sexuales y reproductivos

La actuación del Congreso peruano de espaldas a los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población ha movilizado a la ciudadanía de América Latina y El Caribe para exigir una rectificación de esta postura que evidencia, una vez más, la debilidad democrática del Estado ante la arremetida de legisladores/as religiosos fundamentalistas.

Esta vez han sido congresistas de Fuerza Popular, donde se ha nucleado la representación parlamentaria seguidora del ex presidente Alberto Fujimori –preso por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad- quienes han promovido la aprobación de dos dictámenes contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres, adolescentes y personas LGTBI, que de ser ratificados por la asamblea plenaria adquirirán carácter de ley.

Ante este inminente riesgo en el ejercicio y reconocimiento de los derechos, la Alianza Perú por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se ha sumado a las diversas iniciativas impulsadas por colectivos y organizaciones peruanas para rechazar la pretensión del parlamento nacional.

“Hemos emprendido un llamado a la acción a nivel regional y ya hemos entregado a nuestra Cancillería las comunicaciones que las Alianzas de la Campaña Convención de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay han presentado a las embajadas de Perú en sus países solicitando al Estado peruano una actuación en el marco del sistema interamericano de derechos humanos”, afirmó Mónica Coronado, coordinadora de la Alianza Perú.

Informó también que han remitido a las autoridades peruanas una carta abierta de la sociedad civil suscrita por 106 organizaciones y personas de nuestro país y de América Latina y El Caribe, que solicita a las autoridades nacionales evitar que se consuma la vulneración de derechos humanos fundamentales a raíz de las recientes decisiones de las comisiones congresales de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos. 

http://es.scribd.com/doc/151072144/Carta-de-La-Sociedad-Civil-Ante-Graves-Retrocesos-de-Derechos-Fundamentales-de-Las-Mujeres-Adolescentes-y-Ltgbi

La carta abierta se ha dirigido al presidente de la República Ollanta Humala, al jefe del gabinete ministerial Luis Jiménez Mayor, así como a los titulares de Justicia y Derechos Humanos Daniel Figallo Rivadeneyra y de Mujer y Poblaciones Vulnerable, Ana Jara Velásquez.

“Nos estamos movilizando en el Perú y a nivel regional porque nuestros derechos fundamentales, especialmente los sexuales y reproductivos, están en riesgo en un contexto de permanente amenaza a los avances que mediante incesantes luchas hemos venido consiguiendo las mujeres para el reconocimiento de nuestro derecho a autodeterminarnos en todos los ámbitos de nuestras vidas”, remarcó Coronado.

Carta de La Sociedad Civil Ante Graves Retrocesos de Derechos Fundamentales de Las Mujeres, Adolescentes y... by convencionperu

CARTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE PROPUESTAS DEL CONGRESO QUE VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y PERSONAS LTGBI

SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO
PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA DEL PERU

Señor JUAN JIMENEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

Señor DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Señora ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Las instituciones, colectivos, grupos, asociaciones y personas que suscribimos nos dirigimos a usted preocupados por los recientes acontecimientos en el Congreso Nacional peruano que podrían representar graves vulneraciones al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas así como retrocesos en los avances logrados en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.

El reconocimiento, vigencia y respeto de los derechos humanos es una tarea primordial de los Estados para consolidar procesos democráticas en condiciones de igualdad en nuestros países, en concordancia con los avances que vienen logrando en el sistema mundial e interamericano de los derechos humanos, como son Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Sin embargo es preocupante el nivel de injerencia en las decisiones de Estado de grupos contrarios al reconocimiento de los derechos en su amplia diversidad, interdependencia y universalidad, debilitando con ello el sistema democrático y la laicidad que supone todo ejercicio de gobierno.

Habiendo tomado conocimiento de la aprobación en el Congreso del dictamen del Nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente que otorga protección privilegiada al concebido para todos los casos en detrimento de los derechos de la mujer y que otorga al Estado una labor residual en materia de educación sexual integral para adolescentes, así como de la propuesta modificatoria del Código Penal que excluye a la orientación sexual e identidad de género del agravante de discriminación de delitos, que implican violaciones a los derechos fundamentales de las personas y graves retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos, les solicitamos, con el debido respeto, tomar en cuenta las siguientes propuestas:

·  Pronunciarse ante el Legislativo como entes rectores en materia de derechos humanos de las peruanos y peruanos y garantizar su pleno respeto y ejercicio.

·  Propiciar debates sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de las normativas nacional e internacional de las que el Estado peruano es parte.

·  Respetar y cumplir con las disposiciones emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Comités que monitorean las Convenciones Internacionales suscritas por el Estado peruano.

·  Implementar medidas para garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de  manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción.

·  Garantizar a la población adolescente el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y prevenir los embarazos no deseados, maternidad temprana, abortos inseguros y mortalidad materna.

 ·  Aprobar normas que garanticen el derecho de igualdad y no discriminación a la población LGTBI.

Interesados e interesadas en el pleno disfrute de los derechos de la población en el Perú, nos despedimos agradeciendo la atención esta comunicación, nos sin antes mencionar que mantendremos nuestra posición vigilante como actoras de sociedad civil en el hemisferio.

Adhesiones Nacionales:
Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos –Alianza Perú; Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Kolectiva Rebeldìas Lésbicas –KRL; Milenia Comunicaciones; Perú Afro –Afroperuanas Feministas; Programa Democracia y Transformación Global; Pluriversidades –Agrupación de Disidentes Sexuales de la Universidad Ricardo Palma; Diana Miloslavich DNI 076410982; ‏ Gina Chacón Antezana DNI 10220978; Jennie Dador Tozzini DNI 07445292; Julia Aida Vicuña Yacarine DNI 08561444; Milena Justo Nieto DNI 43773784.

Adhesiones Internacionales:
Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Alianzas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay)
Alianza Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos La Colectiva
Aireana –Grupo por los Derechos de las Lesbianas (Paraguay)
Associação Ilê Mulher e a rede es Rede Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)
BECA (Paraguay)
Casa de la Mujer (Colombia)
Cladem Colombia
Coalición de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex (LGBTTTI)  de América Latina y el Caribe con trabajo en la Organización de Estados Americanos (OEA)
Colectiva Mujer y Salud  (República Dominicana)
Colectivo Sentimos Diverso (Ecuador)
Colectivo Ovejas Negras (Uruguay)
DDESER - Red por los derechos sexuales y reproductivos en México
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia - México
Global Initiative for Sexuality and Human Rights – Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Kuña Roga (Paraguay)
Presencia Joven (Paraguay)
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe –RSMLAC
Tribunal de Mujeres DESC (Colombia)

Organizaciones de la sociedad civil defienden el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante intromisión de posturas fundamentalistas

Organizaciones de mujeres, feministas, personas LGTTBI, afrodescendientes, con discapacidad, trabajadoras sexuales, entre otras denunciaron la injerencia de instancias de la Organización de Estados Americano (OEA) en los acuerdos adoptados en la reunión de la sociedad civil  en el marco de la 43 Asamblea General a inaugurarse en esta ciudad en horas de la tarde, permitiendo discursos  contrarios a los derechos humanos ratificados en el Sistema Interamericano. 

Dichas organizaciones DENUNCIARON a los estados integrantes de la OEA dicha situación y REITERARON las contradicciones de este organismo en ser una instancia garante de derechos pero por otro lado, permite intervenciones de los llamados  grupo “Provida”, quienes no reconocen derechos humanos consagrados por este sistema, tales como la vida, la familia y el matrimonio. 

“Consideramos lamentable que la propia OEA haya decidido otorgar espacio a estos grupos contraviniendo los acuerdos tomados por la sociedad civil y el principio de participación sobre la base del consensos”, afirmó Mirtha Moragas, representante de la  Mesa sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Es incompatible con el sistema de la OEA –precisó- dar tribuna a discursos que no reconocen los derechos ya garantizados por nuestro sistema interamericano, el que todos y todas tratamos de proteger y respetar.

En su irregular presentación, la representante Provida abogó por la protección de la vida desde la concepción y la defensa de la familia constituida por un hombre y una mujer con fines de reproducción, posiciones contrarias a las sentencias Karen Atala Riffo e Hijas vs Chile y Artavia Murillo vs Costa Rica, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las diversas poblaciones e ir avanzando hacia la igualdad y no discriminación por razón alguna.

Durante la exposición de la representante Provida, un amplio sector del auditorio se puso de pie dándole la espalda en un rechazo simbólico a posturas que promueven la discriminación y la intolerancia, sustento de innumerables violaciones a los derechos humanos.

Antigua, Guatemala 3 de junio de 2013

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Nuevos Enfoques y Desafíos

Este martes 28 en el "Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres" se realizará el Conversatorio "Nuevos Enfoques y Desafíos para los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos".

Las expositoras analizarán las Resoluciones de los Casos Karen Atala Riffo y Niñas vs Chile y Artavia Murillo vs Costa Rica emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos casos la Corte plantea nuevas interpretaciones de la Convención Interamericana de DDHH, tales como el reconocimiento explícito de la orientación sexual como categoría protegida contra la discriminación y protección del derecho a la vida.

L@s esperamos, el 28 de mayo a las 6:30 pm en el local del CMP Flora Tristán.

Violencia contra lesbianas causa preocupación en la CIDH

Las violencias específicas contra las mujeres lesbianas, el internamiento forzado y los cuestionamientos para el ejercicio de su maternidad fueron los tres ejes de vulneración de derechos sobre los que tomó conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática realizada el pasado 15 de los corrientes en la ciudad de Washington como parte de su 147 periodo de sesiones.

Ver el video de la audiencia en:  http://www.youtube.com/watch?v=EVIX0WADKvk

 

Integrantes de Colombia Diversa y AIREANA en la audiencia en sede de la CIDH

A través de la Unidad para los Derechos de las Personas LGTB a cargo de la comisionada Tracy Robinson, la CIDH mostró su preocupación por la situación de las lesbianas de los países de América, quienes afrontan cotidianamente violencias específicas y diferenciadas de las que afectan a las personas no heterosexuales.

Las voces de las lesbianas llegaron a esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de información recopilada por organizaciones de la Coalición LTTGBI, y por la Kolectiva Rebeldías Lésbicas de Perú y Las Safinas de Argentina, integrantes de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

 

Comisionada/os de la Unidad para los Derechos de las Personas LGTBI

Las/os comisionados accedieron al video preparado por las peticionarias sobre las situaciones que vulneran los derechos de las mujeres lesbianas, como es el caso de la existencia de patrones discriminatorios por orientaciòn sexual en la administraciòn de justicia en Perù, lo que se evidenciò en los procesos contra Abencia Meza (artista de mùsica andina), y las jòvenes Eva Bracamonte y Liliana Castro. 

“La violencia contra las mujeres lesbianas busca recordarles el lugar que ocupan en la sociedad por contravenir las normas de sexo y de género, e instalar en el imaginario colectivo que ellas merecen ser castigadas”, expresó Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, una de las organizaciones peticionarias.

Incidió en que la violencia correctiva es la expresión del castigo máximo por salirse de las normas de cómo ser mujeres, a lo que se suman las amenazas de quitarles la custodia de sus hijos e hijas o negarse a registrarlas como madres, y los internamientos forzados dispuestos por las propias familias. “Exteriorizar la orientación sexual lesbiana es un riesgo”, remarcó.

Tatiana Cordero, de Taller Comunicación Mujer, de Ecuador –también organización peticionaria- indicó que la CIDH tiene muchos desafíos por delante para concretar una existencia sin discriminaciones ni violencias para las lesbianas.

 

Tatiana Cordero de Taller Comunicaciòn Mujer sustentando ante la Comisiòn

Precisó entre ellos el promover que sean vistas como mujeres e interpretar de manera amplia los instrumentos jurídicos de protección de derechos de manera que niñas, adolescentes y mujeres lesbianas estén protegidas a lo largo de su ciclo vital contra la discriminación por orientación sexual y la violencia en todas sus formas.

Camila Zabala, integrante de Aireana (Colombia), solicitó a la CIDH reinterpretar el alcance del concepto de violencia contra las mujeres establecido en la Convención de Belem do Pará, así como lo exigido a los Estados para incluir a las lesbianas. “De esta forma los mecanismos de seguimiento de la CIDH podrán dar cuenta de las violencias específicas contra ellas”, dijo.

Igualmente, que verifique las situaciones de internamientos forzados, obstáculos para el ejercicio de su maternidad y las negaciones a sus derechos. Es urgente –subrayó- contar con mecanismos de seguimiento que incluyan requerimientos periódicos a los Estados.

A los Estados demandó que en el marco de la Convención de Belem do Pará se den leyes orientadas a erradicar los patrones culturales y jurídicos que promueven y naturalizan la violencia contra mujeres lesbianas.

La comisionada Rosa María Ortiz, Relatora Especial de Infancia y Adolescencia, saludó la importancia de visibilizar estos graves hechos de vulneración y exclusión, expresó la voluntad de la relatoría y de la CIDH de promover que niñas y adolescentes lesbianas vivan sin discriminación alguna en los espacios que ocupan, como la familia y la escuela.

Rodrigo Escobar Gil, comisionado y Relator Especial de Personas Privadas de su Libertad, agradeció la información acerca de las lesbianas que son víctimas de internamientos correctivos y solicitó mayor información acerca de los casos en los diferentes países sobre denuncias, centros existentes, procesos judiciales al respecto, entre otros.

Lima, 27 Marzo 2013