15 Washington.- El derecho a expresar posiciones y propuestas de manera plural sobre los problemas en nuestros países tiene como límite el respeto a los derechos humanos, expresó Q'antu Madueño coordinadora de la Alianza Perú de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya representación participa en la 45° asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La activista llamó la atención sobre argumentos preocupantes que echando mano de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil en los países del ámbito de la OEA, pretenden incluir temáticas ajenas al reconocimiento de los derechos humanos, y por el contrario, pretenden recortarlos y suprimirlos.
Se refirió concretamente a la propuesta de “seguridad demográfica” planteada por sectores ligados a grupos religiosos y que en las últimas asambleas han venido ganando representación en el foro hemisférico.
Desde ese planteamiento, se buscaría que las normas garanticen el crecimiento de la tasa de natalidad con el objetivo final de criminalizar la interrupción de los embarazos.
“No podemos retroceder en los derechos adquiridos, más cuando se trata de dimensiones de la sexualidad y reproducción, especialmente de los nuestros, de las mujeres, quienes en buena parte de nuestros países somos perseguidas, estigmatizadas y criminalizadas cuando decidimos interrumpir procesos de gestación que no son parte de nuestros proyectos de vida, afirmó Madueño.
“No podemos retroceder en los derechos adquiridos, más cuando se trata de dimensiones de la sexualidad y reproducción, especialmente de los nuestros, de las mujeres, quienes en buena parte de nuestros países somos perseguidas, estigmatizadas y criminalizadas cuando decidimos interrumpir procesos de gestación que no son parte de nuestros proyectos de vida, afirmó Madueño.
En la región tenemos jurisprudencia internacional que pondera proyectos de vida”, para los derechos del no nacido y los de las mujeres –agregó- y contamos con el Consenso de Montevideo donde se reconoce la necesidad de revisar la legislación punitiva del aborto en países donde es considerado un delito.
Explicó que entre las acciones prioritarias que asumieron impulsar en el marco del Consenso está avanzar hacia una atención legal, segura y de calidad para las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y evitar así las altas tasas de morbi mortalidad materna, así como maternidades impuestas que lesionan los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Pero no solo los derechos reproductivos están resistidos y amenazados, sino el de la igualdad y no discriminación por raza. En la mesa que abordó el tema de la seguridad, uno de los cuatro sobre los que dialogaron representantes de la sociedad civil para entregar sus propuestas al secretario general, no se logró visibilizar las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos.
Fue el caso de Brasil, donde se está dando un ataque y asesinato selectivo de jóvenes negros de las favelas, situación que sin embargo no pudo evidenciarse como parte del documento de consenso por la oposición de grupos de posiciones fundamentalistas.
La activista deploró que numerosas representaciones de sociedad civil encarnen posturas que, en sus países y en la región, representan posiciones contrarias al reconocimiento y ejercicio de los derechos en forma integral e indivisible.
Manifestó que inclusive se opusieron a dar visibilidad a la inseguridad cotidiana en los espacios públicos y privados en que viven las personas LGTBI, llegando en casos extremos a la muerte.
“¿Acaso el futuro de la OEA va a ser blanco, heterosexual y de clase media? De qué seguridad estamos hablando”, refirió la activista.
Precisó que esperan de este foro interamericano la promoción de una seguridad con derechos humanos, sin racismo ni discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ni pobreza.
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